La iniciativa pretende que empleados públicos puedan optar
El proyecto «quiebra el principio fundacional de la obra social, que es el de la solidaridad», argumentan las entidades sindicales.
En el marco de una polémica que promete escribir varios capítulos, las entidades sindicales que integran el Frente Gremial Docente expresaron ayer su rechazo al proyecto de ley 2342, que busca modificar la obligatoriedad de afiliación al Insssep por la libre elección de las obras sociales y/o prepagas habilitadas para los agentes de la administración pública provincial y municipal y al personal en relación de dependencia de la empresa Ecom Chaco.
La iniciativa ingresó, impulsada por el bloque oficialista en la Cámara de Diputados tomó estado parlamentario ayer y fue girada a las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación General y Salud; donde será analizada en profundidad antes de bajar el recinto para su votación.
Desde el espacio gremial conformado por Atech, Utre-Ctera y Sadop, «alertaron» al conjunto de los afiliados a la obra social estatal que el proyecto quiebra virtualmente «el principio fundacional del Insssep que es el de la solidaridad, pero también el de la responsabilidad social, que son los originan la obligatoriedad de afiliación a la obra social.
LIBERTAD EN CUESTIÓN
En una declaración pública, los sindicatos advierten que «prima facie, la ideología libertaria del individualismo que atraviesa la política neoliberal salvaje trazada por el gobierno nacional y tristemente viene contagiando a varios, disfrazada de progresismo y desarrollo, destruyendo a pasos agigantados todo lo que tiene que ver con la solidaridad y la igualdad de los empleados estatales y municipales».
Según los docentes la «presunta» libertad que otorga el proyecto representa «un beneficio para que los sectores con mayores ingresos de la administración pública provincial y municipal, con capacidad de opción en el mercado de la salud, emigren hacia obras sociales o prepagas costosas que le brinden mejores servicios». Todo esto, en el marco de las «limitaciones que el gobierno provincial impone a los servicios que se brindan en la actualidad, en desmedro de los empleados estatales rasos».
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