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domingo, septiembre 19, 2021
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La justicia local también investiga a la intendenta Pascua: allanaron su casa de Villa Ángela

Más malas noticias para la intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua. En la mañana de este miércoles, un grupo de fiscales provinciales encabezó un allanamiento en su enorme casa ubicada en Villa Ángela. Es en el marco de los denominados “delitos precedentes” al lavado de activos que actualmente investiga la Justicia Federal.

El operativo fue dirigido por un equipo fiscal creado por el Procurador General, Jorge Canteros. El mismo está encabezado por Sergio Ríos y compuesto por las fiscales Silvana Rinaldi y Gisela Oñuk. Hasta el momento, no trascendió qué elementos fueron secuestrados y si se realizó algún tipo de registro fotográfico del lugar para añadirlo al expediente.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la intendenta está acusada en el fuero provincial por malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Justamente el tamaño de su vivienda fue objeto de denuncias por parte del diputado radical, Alejandro Aradas, quien apuntó a la inconsistencia que significa que una jefa comunal, con un sueldo de una localidad más bien humilde, tenga entre su patrimonio ese caserón.

Al presentarse como denunciante ante la Justicia Federal, el diputado radical, Alejandro Aradas, denunció que esa casona tiene una superficie de 400 metros cuadrados y está valuada estimativamente en más de 30 millones de pesos.

“¿Cómo la intendenta en un municipio de tercera categoría como es Enrique Urien puede costear, primeramente, la compra del terreno en el año 2016 y posteriormente a ello la fastuosa construcción emplazada en un corto plazo, teniendo un ingreso aproximado hoy en día de noventa mil pesos mensuales?”, se preguntó Aradas en su acusación.

La causa Federal

El allanamiento de este miércoles tiene relación directa con la causa por la cual Pascua quedó imputada en el fuero federal. En un primer momento, la fiscalía que comanda Carlos Amad la acusó de malversación de caudales públicos, en concurso real, con enriquecimiento ilícito; fraude en perjuicio de la Administración Pública; lavado de dinero y evasión agravada por la conformación de facturas apócrifas. Sin embargo, el juez Federal, Fernando Carbajal, acotó la imputación a lavado y evasión por una cuestión de competencia, lo que dejó en manos de la justicia local el resto de imputaciones.

El caso nació tras una denuncia presentada ante la justicia Federal por el diputado radical, Alejandro Aradas, en octubre del año pasado. Tomando como base una publicación del portal de noticias Infoqom, Aradas recordó que en 2013 el gobernador, Jorge Capitanich, anunció la construcción de 10 viviendas para el paraje La Viruela, que fue desbastado por un tornado. Pero la intendenta Pascua decidió relocalizar las mismas para construirlas en el ejido de Urien y finalmente fueron entregadas en 2016.

Esas viviendas, sostiene la denuncia, que estaban destinadas a familias indígenas vulnerables, terminaron siendo ocupadas en su gran mayoría por familiares, amigos e inclusive por la propia Pascua. Los allegados beneficiados de manera presuntamente irregular fueron su cuñado, un tío, su madre y la expresidenta del Consejo Deliberante, muy cercana a Pascua.

No sólo eso: varias construcciones fueron edificadas de manera que no se ajustan a lo normado en dicho plan ya que difieren sustancialmente con las características austeras. “Sin ir más lejos, la habitada por Pascua es de dos pisos lo que evidencia las profundas divergencias que existen con el plan que las motivó”, remarca.

El diputado amplió la denuncia con la declaración de Bruno Emanuel Ayala. Ayala le relató que existían facturas a su nombre por trabajos de gran envergadura supuestamente realizados al municipio de Enrique Urien, pero que él asegura nunca haber realizado. En este sentido, Aradas presentó copias simples de diez facturas que serían apócrifas las cuales van desde la numeración 0001-00000001 a la 0001-00000013, y que en total suman $457.196.

También acercó a la justicia el testimonio de Fabián Paulino Domínguez, exsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Enrique Urien, en el periodo que comprende desde el 20 de marzo de 2014 al 15 del mes de enero del año 2015. Domínguez presentó su renuncia ante las presuntas irregularidades que se venían desarrollando en el municipio.

Asimismo, indicó que existe una cooperativa llamada “El Constructor” y el responsable adujo que nunca había realizado obra alguna en la localidad. Sin embargo, existen facturas por más dos millones de pesos.

“Por otro lado, hay deudas en corralones de la localidad de Villa Ángela, como ser: BRACAMONTE por $300.000, de materiales que nadie sabe adónde fueron a parar, pero seguro que las obras no, ya que las mismas se encuentran paradas y, de no ser así, cada una recibe los recursos por otras vías. A otro comercio llamado Hierros Kennedy, también de Villa Ángela, se le adeuda más de $50.000 materiales que tuvo como destino a un Hípico y un Campo de Doma, ubicado uno al lado del cementerio local y el otro a 400 metros al norte del municipio, y ninguno cuenta con proyecto que avalen esa inversión”, agregó Aradas en su denuncia.

 

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